El fantasma de Bours por la presa

José Luis Jara

El cerro del coyote y toda la extensa superficie que se encuentra en el vaso de la presa Abelardo Rodríguez Luján es el nuevo botín del que se quieren apoderar familias de apellido importantes, muy relacionadas con el gobernador Eduardo Bours. La historia es muy rara, pletórica de “sospechosismos” e insinuaciones que apuntan a gente de la familia Coppel, que tiene un rancho en estas inmediaciones. Los propios trabajadores que se dedican a instalar unas cercas en los terrenos que van comprando, dicen que se trata de los consuegros del gobernador. Los afectados lo interpretan como una especie de chantaje y extorsión, porque las advertencias de sus abogados hablan de un poder más grande y por fuera de la ley, el que protege a la familia Coppel. Se refieren a su consuegro, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. El nexo de la familia Bours con Copel quedó plasmado en las páginas de sociales de algunos periódicos que ofrecieron la información del matrimonio entre la hija del gobernador y el hijo del señor Coppel. Se trata de una demanda de despojo que interpuso el gobierno del estado en contra de unas familias que viven en la colonia Las Amapolas, donde se encuentra el vaso de la presa Abelardo Rodríguez Lujan y un extenso terreno que supuestamente va más allá de la Mesa del Seri. Son varia familias a las que el Gobierno del estado quiere despojar de sus hogares, después de vivir más de 40 años. De los casos que se tienen a la mano, se encuentran los referidos a las familias Dórame Aguilar y Coronado López. Existen más demandas, pero todas van en el mismo sentido. El caso del expediente 1378/07, que se lleva en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, donde el procurador de justicia Abel Murieta presentó demanda en contra de Francisco Delfina Coronado López para que entregue la superficie que posee. Y todavía, el sentido de solidaridad social del procurador quedó opacado con una petición que hizo al juez de que condene a esta persona para que pague los gastos y costas que se originen con este juicio. Los abogados del procurador que realizan el trabajo sucio de presionar a las familias, son Othoniel Gómez Ayala, Mónica Ruiz Rosas, Rafael Ernesto Mungarro Mendívil, Wenceslao Cota Montoya, José Luis Estrada Castillo, Gonzalo Yescas Figueroa y otros más, en las que incluye hasta a las pasantes María del Carmen Gutiérrez Cohen y otras. El caso se lleva en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, donde los afectados tuvieron que abandonar mucho de sus quehaceres para dedicarse a responder a las demandas, que les ha implicado el pago de abogados y otros gastos que no tenían contemplados. Una historia que mata Las hermana Coronado López forman parte de una familia que habita en su hogar, el “Happy” le dicen, que se encuentra en estos codiciados terrenos. La construcción se encuentra abajo del famoso cerro del Coyote, donde dicen que existe una cueva en donde durmió Pancho Villa cuando anduvo por Hermosillo. Son hermanas mayores, sus padres ya fallecieron, que tienen su punto de reunión en este hogar que es habitado por una de ellas y su familia. Ellas relataron la historia que empezó alrededor de dos años atrás, cuando unas personas empezaron a visitar esta parte de la colonia. Entre esas personas que iban se encontraban Daniel Cevallos Othón, Luis Manuel Rivas y otros que escaparon a la memoria de las hermanas en los momentos de la entrevista. Empezaron a visitar a todos los vecinos que vive alrededor del cerro del Coyote para proponerles que les vendieran los terrenos y sus casas. Llegaron a decir que eran empleados del gobierno del estado y que quienes se encontraban detrás de ellos era un grupo de personas muy cercanas al gobernador de Sonora. Algunos vecinos vendieron y entonces, unos trabajadores se encargaban de cercar esos predios adquiridos a bajo precio. El problema con la familia Coronado empezó cuando esos cercos afectaron el derecho al paso, pues cercaron la calle que lleva al hogar de esta familia. Cuando eso ocurría, la profesora Rosa Delia les salió al paso a los trabajadores. Al frente de esa cuadrilla, se encontraba un funcionario de la Dirección de Bienes y Raíces del Gobierno del Estado. Esa persona le dijo a Rosa Delia que hablara con el señor Luis Manuel Rivas, que a decir de las hermana Coronado trabaja para la familia Copel. Cuando hablaron con él, les puso una cita en un café de la ciudad. Esta persona le dijo que querían comprar todo en paquete y la profesora como que se emocionó, porque había cruzado por su mente la posibilidad de vender su parte, que en conjunto, el terreno de toda la familia es de alrededor de 4 hectáreas. Pero en cuando esta persona le dijo que pagaban un millón por esa superficie, la maestra Coronado se desilusionó y le dijo que no vendían. A partir de entonces, estas personas empezaron a presionar para que las familias aceptaran negociar sus hogares. Algunos vendieron por el miedo que les metieron de que iban a perder su hogar, porque detrás de ellos se encuentra el consuegro del gobernador. En diciembre del año pasado, llegaron a ofrecer un millón 250 mil. La familia dijo que no, el señor Rivas fue con sus patrones a comunicar la postura de las señoras y cuando regresó les dijo que ofrecían un millón 500 mil pesos por esas 4 hectáreas. Y advirtió en tono por demás amenazante que si no les vendían, los iban a demandar y les iban a expropiar sus terrenos. Y efectivamente, el 30 de noviembre del año pasado, el procurador Abel Murrieta interpuso diferentes demandas en contra de las integrantes de esta familia, y otras que se encuentran amenazadas, a desalojar sus hogares. Desde entonces a la fecha, han fallecido algunas personas que no pudieron soportar verse en el peligro de perder sus hogares. Ante esta demanda de desalojo, las familias afectadas de esta colonia y que se niegan a vender tan barato, se encuentran interponiendo respuestas a las demandas. Los casos se llevan en diferentes juzgados, pero todos ellos son demandados por el Gobierno del Estado. Lo curioso de todo esto, dice Rosa Delia con cierta ironía, es que después de que el gobierno los demanda, cuando algunos de los vecinos han aceptado a vender, en esos predios se pone el nombre de la inmobiliaria Misión 21. Mañoseadas Rosa Delia Coronado afirmó que este problema se está dando de manera muy sospechosa. A ellos, que se ven obligados a defenderse legalmente y conseguir documentos, les ponen demasiadas trabas para proporcionarle la información que requieren para una correcta respuesta legal. En la demanda que les interpusieron a los vecinos el procurador afirma que esa superficie es del gobierno del estado, cuando en realidad se trata de terrenos que se encuentran en superficies reservadas por la federación. Esta familia vive en este hogar desde la década de los sesenta. Tienen permiso de construcción, documentos que acreditan los servicios que gozan y tienen el reconocimiento de otras administraciones su estancia legal en esta superficie que se encuentran en la frontera del vaso de la presa. Beltrones antes, Bours ahora La maestra Coronado relató que hace 15 años lucharon contra Manlio Fabio Beltrones Rivera, cuando en 1993, siendo gobernador de Sonora, quiso quitar a las familias y ranchos del vaso de la presa porque iban a crear un cerco ecológico par proteger el vaso de la presa, pues en aquel tiempo era la única hoya de agua para la ciudad. Se aprobó un decreto en que se declaró reserva ecológica el vaso de la presa y cuando se construyó la presa Félix Valdez, el vaso se empezó a secar y toda la superficie se empezó a reforestar. En 2001, los pinos que crecieron en este lugar se convirtieron en uno de los principales pulmones de la ciudad. Se creó la ley de equilibrio ecológico y el gobernador del estado, Manlio Fabio Beltrones, ordenó el desalojo de las familias que vivían en este lugar. En ese tiempo se ampararon 28 personas. Muchas de ellas aceptaron vender en ese tiempo y otros, los menos, se quedaron en sus hogares. Los vecinos han vivido una etapa de tranquilidad que fue de 1995 hasta febrero de 2008, cuando llegaron unas personas que trabajan para el consuegro del gobernador, ahora Eduardo Bours Castelo. Son más de 12 demandas las que interpuso el gobierno del estado. Lo curioso es que cuando algún vecino acepta vender su predio, luego de cercarlo le ponen un letrero de la inmobiliaria Misión 21. En otras palabras, el gobierno mete la demanda para que gane el consuegro del gobernador.