José Luis Jara
Los señores Luis
Armando Rivas y Armando Navarro, de la empresa inmobiliaria Misión 21,
acudieron a las oficinas de redacción de Dossier Político con el fin de
expresar su punto de vista sobre el reportaje que se publicó en el Dossier
Semanal número 12.
Luis Armando Rivas
puntualizó que su intención no es la de continuar en una discusión, sino el de
aclarar algunas imprecisiones que en su punto de vista se encuentran en el
reportaje titulado: “Coppel, si no compran, arrebatan”.
El señor Rivas afirmó
que los terrenos no son de ellos, que son del gobierno del estado y que sí
existe la intención de comprar una superficie para un proyecto residencial. De
parte de ellos, dijo, desde el principio ha privilegiado el diálogo para llegar
a un acuerdo para la compra de lo terrenos.
Afirmó que la mayoría
de las personas han aceptado negociar con la empresa para comprar sus terrenos.
Sólo existe un grupo de personas que no han aceptado el trato que se les
propone.-
Especificó que ya han
llegado a acuerdos con unas 15 o 20 personas.
Destacó que la
propuesta de la empresa es darles una especie de indemnización por los bienes
que tienen construidos, porque estas personas no tienen títulos de propiedad de
esos predios.
Partiendo de ello, es
que la empresa ha ofrecido determina el monto del pago, porque existen terrenos
donde la gente sí tiene un certificado o un papel que los acredita como dueños
de sus terrenos
Este no es el caso de
la familia Coronado López, los hermanos Salazar y la familia Dórame que fueron
los ofrecieron la información del problema.
Recordó que le dio
gusto que uno de los hermanos de la familia Dórame ya tiene hasta dos
tortillerías porque invirtió en ese negocio el dinero que aceptó por su
terreno.
Dijo que los terrenos
son del Gobierno del Estado y es él el que determina la manera de actuar con
esas familias. Ellos, como empresa, no participan en ellos, porque ellos
prefieren llegar a un acuerdo con las personas inconformes.
“Si el gobierno
quiere echarlos, es un boleto de ellos”, señaló.
Dijo que la
inmobiliaria Misión 21 tiene el interés de adquirir esos terrenos, pero que
ellos, a final de cuentas tienen que tratar con el gobierno porque ellos son
los propietarios de esa superficie.
Esa propiedad
gubernamental no prescribe, consideró.
Dijo que cuando se
construyó la presa Abelardo L. Rodríguez se expropió los terrenos a sus
antiguos propietarios. Y cuando la presa bajaba de nivel de agua, hubo personas
que entraban a trabajar en esos terrenos, porque el gobierno del estado
aceptaba prestarles es superficie.
Llegó haber hasta
cooperativas de pescadores. Pero desde que se construyó la presa de El Molinito
se dio al traste con todo ello. En el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, dijo,
se sacó a todos, incluso hasta los que tenían contratos de arrendamiento.
Con Armando López
Nogales no hubo cuidados y la gente se volvió a meter al vaso de la presa.
Luis Armando Rivas
afirma que estas personas tienen una especie de comodato pero no son
propietarios de esos terrenos.
El caso es que la
administración los demandó por la vía penal, y el juez se encargó de demostrar
que esa no era la vía de solucionar el problema.
El señor Rivas
puntualizó que las acciones del gobierno sólo ellos son responsables de esos
actos. Ellos, dijo, lo único que tratan de hacer es negociar para que los
afectado le entreguen al gobierno del estado para que la empresa les compre los
terrenos a sus verdadero propietarios.
Sobre el señalamiento
que hicieron de los bajos precios que ofrecen por los terrenos, Luis Armando
Rivas dijo: “si yo voy a comprar una casa, lo primero que hago es pedir los
papeles, la escritura, veo si la propiedad tiene algún gravamen y entonces
determino el precio”.
En el caso concreto
de los denunciantes, dijo que la empresa realiza una investigación de los
bienes que tienen para determinar la indemnización que ofrece la empresa para
que el terreno se lo entreguen al gobierno del estado. Luego de ello, la
empresa tiene contemplado comprarle al gobierno del estado por esa superficie.
Puso de ejemplo el
caso del ejido La Victoria, a quienes dijo: “les voy a comprar de manera
diferente, porque ellos tienen un papel, un certificado legal de propiedad”.
Por otra parte, dijo
que en el rancho del señor Coppel, donde antes era un lienzo charro, no se
encuentran los caballos del gobernador. “Hay relación de amigos pero no existe
parentesco”.
El señor Rivas
también quiso aclarar el caso del camino que lleva al terreno de la Unión de
Productores Agropecuarios del Vaso de la Presa. Dijo que ese camino atraviesa
de lado a lado el cauce abierto del río San Miguel, por lo que este lugar se
encuentra intransitable unos seis meses al año.
Reconoció que hubo un
desperfecto en el sistema de riego del rancho del señor Coppel, pero que es
inundación no fue algo deliberado, ni se inundó para impedir el paso de la
gente. “Pero no hay problema, no va a volver a suceder”, aclaró.
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