Invade Coppel terrenos en vaso de la presa

José Luis Jara

Los habitantes del Vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez mostraron las evidencias de cómo el poder del gobierno del estado se utiliza para favorecer a la familia Coppel Lemmen Meyer con el fin de desalojar a estas familias de sus viviendas ubicadas en esta zona de Hermosillo.
Las pruebas que mostraron son dos expedientes que se refieren a las demandas de desalojo a estas personas. Uno de ellas es el expediente número 13578/07, que se refiere a un juicio ordinario civil debido a la demanda que interpuso el gobierno del estado contra Francisca Delfina Coronado López.
El otro es un expediente de juicio ordinario civil debido a la demanda que interpuso Misión Veintiuno, S.A. de C.V. contra Juventino Enríquez García.
La coincidencia de ambos expedientes es que los demandados, es decir Francisco Delfina Coronado López y Juventino Enríquez García, son habitantes del Vaso de la Presa y ambos tienen la demanda para que desalojen sus respectivos hogares.
La diferencia es que en el primer caso, el demandante es el Gobierno del Estado y la persona que interpuso la demanda es el procurador Abel Murrieta. Y en el segundo caso, el que demanda es la inmobiliaria Misión Veintiuno, la empresa que tiene proyectado construir el fraccionamiento residencial Lomas del Pitic en el Vaso de la Presa.
Pero el contubernio que se evidencia en estos dos expedientes es el siguiente: en su carácter de procurador general de justicia del estado, Abel Murrieta interpuso la demanda y de acuerdo a lo dicho por él señala como domicilio para recibir documentación el bulevar Hidalgo 56, interior 3, entre Galeana y Londres, colonia Centenario.
Luego el expediente señala que el procurador nombra como mandatarios jurídicos de la procuraduría, a fin de que intervengan en todos los actos procesales que los beneficien, a los licenciados Otoniel Gómez Ayala, Mónica Ruiz Rosas, Rafael Ernesto Mungarro y otros más.
Y en el expediente de la demanda de Misión Veintiuno contra Marcelino Enríquez, el abogado de la empresa Armando Navarro Burruel dio como su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones la misma que señaló el procurador: Bulevar hidalgo 56, interior 3, entre Galeana y Londres.
Y para rematar con broche de oro, el representante de la empresa puso como abogados patronos a los mismos licenciados que puso el procurador, es decir a los licenciados Otoniel Gómez Ayala, Mónica Ruíz Rosas, Rafael Ernesto Mungarro y otros.
Y entre esos otros, la empresa pone como parte del equipo jurídico a la pasante María del Carmen Gutiérrez Cohen, presumiblemente hermana del presidente del Poder Judicial del Estado de Sonora, el magistrado Max Gutiérrez Cohen.
Ante estas evidencias, la señora Delfina Coronado dijo: “La deducción que tenemos es que el poder del estado se está utilizando para beneficiar a un particular cercano al gobernador. Aparte de que se demuestra el nexo directo entre el Gobierno del Estado y la empresa Misión Veintiuno, cuyo social principal es el consuegro del gobernador Eduardo Bours”.
La maestra Rosa Delia Coronado López, quien asesora jurídicamente a varias familias, que como ella se encuentran bajo la demanda de desalojo, dijo: “Hace tiempo el gobernador informó que iba abrir un despacho exclusivo para atender asuntos del Gobierno del Estado. En ese despacho se encuentra el abogado Otoniel Gómez Ayala y la dirección de esa oficina se encuentra en el Bulevar Hidalgo 56”.
Abunda en el caso: “Cuando nos dimos cuenta que en los dos expedientes, Misión Veintiuno y el Gobierno del Estado, pusieron la misma dirección y los mismos abogados, nos percatamos que representa una prueba palpable de esa relación estrecha y que se está utilizando bienes del estado para beneficiar a particulares muy cercanos al gobernador”.

También el Poder Judicial

Los habitantes del vaso de la presa no sólo han sentido lo duro y tupido del poder de los Coppel y el gobierno del Estado.
También se encuentran bajo fuego por parte del Poder Judicial.
Así lo denunció Rosa Delia Coronado quien señaló el caso concreto del titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil, Abidán Muñoz Castillo y del Secretario de Acuerdos de este mismo juzgado, Álvaro Montes de Oca.
Dijo: “En todas las actuaciones que se celebran en los diferentes expedientes contra los moradores del Vaso de la presa, se percibe el comportamiento del juez y el secretario de actas, plenamente inclinados a favor de la empresa Misión Veintiuno y el Gobierno del Estado”.
Mencionó el caso concreto de la demanda contra la señora Remedios Aguilar, también habitante de este lugar y demandada para que desaloje su hogar después de más de 30 años de vivir en él.
El expediente de este caso es el 1459/07. Y en el proceso, cuando se abrió el período probatorio –donde se tienen que aportar pruebas- fue el 9 de julio. Pero a la hora de publicarse este período se puso que el lapso se abrió el 4 de julio.
-¿En qué les afecta este cambio? –se le cuestionó.
-Nos afectó mucho porque se venció el período para presentar impugnaciones a las pruebas que aportó la empresa. Y siendo así, se dieron por válidos los argumentos de la parte que demanda.
-¿Actúan parcialmente los jueces?
-Mira, hemos sentido que la impartición de justicia por parte del poder judicial en Sonora ha estado muy parcial.
-¿Por qué?
-Porque no nos admiten pruebas que sabemos que son fundamentales, cuando en un primer momento, los mismos jueces las aceptan. Sin embargo, se ha dado casos que a la vuelta de dos meses, el juez da palo a esas pruebas bajo el argumento que la parte actora metió un juicio de revocación de pruebas, a pesar de que ese recurso se interpone fuera de tiempo.
Pero no sólo ese caso se ha presentado en los juzgados. Se encuentra la actitud que ha asumido el secretario de acuerdos Álvaro Montes de Oca, quien no escribió los argumentos que dijeron los testigos que puso la empresa, sino que escribió todo a manera de beneficiar a la demandante.

El contubernio de Bienes y Concesiones

Las cosas no han parado ahí. Desde un principio, los moradores del vaso de la presa denunciaron que empleados de la Dirección de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado trabajan en contubernio con Misión Veintiuno, porque ellos y trabajadores de la inmobiliaria, de manera conjunta, se han encargado de hostigar a estas familias para desalojarlos de sus viviendas.
Por ello, Rosa Delia Coronado demandó para que se le practicara una auditoria a esta dependencia. “Si se le realiza una revisión a Bienes y Concesiones –dijo- van a salir a la luz pública muchos casos concretos donde se utiliza la información privilegiada de esta dependencia para otorgársela a gente cercana del gobernador.
La lógica es la siguiente, dijo la maestra, si Bienes y Concesiones es la dependencia encargada de administrar los bienes del Gobierno del Estado, hay gente que tiene esa información y que se ha servido como prestanombres para empresas como Misión Veintiuno, con el fin de comprar terrenos y bienes del estado.
Con la información que tienen, se benefició a la familia Coppel. Ellos compraron los terrenos a muy bajo precio y luego van con el ayuntamiento para que le titulen esos predios, tal y como está sucediendo en el vaso de la presa.

El Poder Legislativo les da palo también

Un grupo de habitantes del vaso de la presa acudieron ayer a las instalaciones del Congreso del Estado. Fueron porque el diputado del PRD, Juan Manuel Sauceda presentó un punto de acuerdo a la diputación permanente, para que se exhorte al titular del poder ejecutivo, al procurador de justicia y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública para que cese toda actividad intimidatoria hacia estos posesionarios.
Sin embargo, esta propuesta no prosperó porque no tuvo el apoyo del presidente el Congreso, Mónico Castillo y de los otros dos legisladores que integran la Diputación Permanente, que se reunió ayer.
Al concluir la reunión, Sauceda Morales dijo “ni modo, donde manda mayoría no se puede”.

A confesión de parte, relevo de prueba... dicen los abogados

José Luis Jara

Los señores Luis Armando Rivas y Armando Navarro, de la empresa inmobiliaria Misión 21, acudieron a las oficinas de redacción de Dossier Político con el fin de expresar su punto de vista sobre el reportaje que se publicó en el Dossier Semanal número 12.

Luis Armando Rivas puntualizó que su intención no es la de continuar en una discusión, sino el de aclarar algunas imprecisiones que en su punto de vista se encuentran en el reportaje titulado: “Coppel, si no compran, arrebatan”.

El señor Rivas afirmó que los terrenos no son de ellos, que son del gobierno del estado y que sí existe la intención de comprar una superficie para un proyecto residencial. De parte de ellos, dijo, desde el principio ha privilegiado el diálogo para llegar a un acuerdo para la compra de lo terrenos.

Afirmó que la mayoría de las personas han aceptado negociar con la empresa para comprar sus terrenos. Sólo existe un grupo de personas que no han aceptado el trato que se les propone.-

Especificó que ya han llegado a acuerdos con unas 15 o 20 personas.

Destacó que la propuesta de la empresa es darles una especie de indemnización por los bienes que tienen construidos, porque estas personas no tienen títulos de propiedad de esos predios.

Partiendo de ello, es que la empresa ha ofrecido determina el monto del pago, porque existen terrenos donde la gente sí tiene un certificado o un papel que los acredita como dueños de sus terrenos

Este no es el caso de la familia Coronado López, los hermanos Salazar y la familia Dórame que fueron los ofrecieron la información del problema.

Recordó que le dio gusto que uno de los hermanos de la familia Dórame ya tiene hasta dos tortillerías porque invirtió en ese negocio el dinero que aceptó por su terreno.

Dijo que los terrenos son del Gobierno del Estado y es él el que determina la manera de actuar con esas familias. Ellos, como empresa, no participan en ellos, porque ellos prefieren llegar a un acuerdo con las personas inconformes.

“Si el gobierno quiere echarlos, es un boleto de ellos”, señaló.

Dijo que la inmobiliaria Misión 21 tiene el interés de adquirir esos terrenos, pero que ellos, a final de cuentas tienen que tratar con el gobierno porque ellos son los propietarios de esa superficie.

Esa propiedad gubernamental no prescribe, consideró.

Dijo que cuando se construyó la presa Abelardo L. Rodríguez se expropió los terrenos a sus antiguos propietarios. Y cuando la presa bajaba de nivel de agua, hubo personas que entraban a trabajar en esos terrenos, porque el gobierno del estado aceptaba prestarles es superficie.

Llegó haber hasta cooperativas de pescadores. Pero desde que se construyó la presa de El Molinito se dio al traste con todo ello. En el gobierno de Manlio Fabio Beltrones, dijo, se sacó a todos, incluso hasta los que tenían contratos de arrendamiento.

Con Armando López Nogales no hubo cuidados y la gente se volvió a meter al vaso de la presa.

Luis Armando Rivas afirma que estas personas tienen una especie de comodato pero no son propietarios de esos terrenos.

El caso es que la administración los demandó por la vía penal, y el juez se encargó de demostrar que esa no era la vía de solucionar el problema.

El señor Rivas puntualizó que las acciones del gobierno sólo ellos son responsables de esos actos. Ellos, dijo, lo único que tratan de hacer es negociar para que los afectado le entreguen al gobierno del estado para que la empresa les compre los terrenos a sus verdadero propietarios.

Sobre el señalamiento que hicieron de los bajos precios que ofrecen por los terrenos, Luis Armando Rivas dijo: “si yo voy a comprar una casa, lo primero que hago es pedir los papeles, la escritura, veo si la propiedad tiene algún gravamen y entonces determino el precio”.

En el caso concreto de los denunciantes, dijo que la empresa realiza una investigación de los bienes que tienen para determinar la indemnización que ofrece la empresa para que el terreno se lo entreguen al gobierno del estado. Luego de ello, la empresa tiene contemplado comprarle al gobierno del estado por esa superficie.

Puso de ejemplo el caso del ejido La Victoria, a quienes dijo: “les voy a comprar de manera diferente, porque ellos tienen un papel, un certificado legal de propiedad”.

Por otra parte, dijo que en el rancho del señor Coppel, donde antes era un lienzo charro, no se encuentran los caballos del gobernador. “Hay relación de amigos pero no existe parentesco”.

El señor Rivas también quiso aclarar el caso del camino que lleva al terreno de la Unión de Productores Agropecuarios del Vaso de la Presa. Dijo que ese camino atraviesa de lado a lado el cauce abierto del río San Miguel, por lo que este lugar se encuentra intransitable unos seis meses al año.

Reconoció que hubo un desperfecto en el sistema de riego del rancho del señor Coppel, pero que es inundación no fue algo deliberado, ni se inundó para impedir el paso de la gente. “Pero no hay problema, no va a volver a suceder”, aclaró.

Negocio de mucho millones de pesos, en el vaso de la presa

José Luis Jara

Un proyecto de muchos millones de dólares se encuentra detrás de la demanda de desalojo que interpuso el gobierno del estado, contra familias de la colonia Las Amapolas, ubicadas por el lado del vaso de la presa.

Los principales inversionistas de este proyecto es la familia Coppel Lemenmeyer, a través de la inmobiliaria Misión 21

El proyecto se llama Colinas Pitic mediante el cual construirán por el vaso de la presa una serie de fraccionamientos residenciales, casas de hacienda, clubes de golf, hípicos, como el proyecto de La Primavera que esta misma empresa realizó Culiacán, Sinaloa.

Para realizar este proyecto, la familia Coppel necesita alrededor de 3 mil 200 hectáreas del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez.

En la actualidad, al decir de los quejosos, la familia Coppel ya tiene acaparados más de mil 500 hectáreas, que se ha hecho mediante presiones e intimidaciones contra los posesionarios, para obligarlos a vender a bajo precio.

Los afectados

En plena complicidad, el gobierno sonorense ya tiene bajo juicio a habitantes del Parque Industrial, de San Bartola, Mesa del Seri, El Realito, La Victoria, El Tazajal, a los integrantes de la Unión de Productores Agropecuario del vaso y a las familias que viven en Las Amapolas, por el lado del Cerro del Coyote.

Dossier platicó con parte de los afectados, quienes relataron esta historia que empezó desde el 2003, cuando el gobierno del estado demando a representantes de unas 500 familias de este lugar.

Se habló con los hermanos Ramón Salazar que tienen el rancho El Almanaque, a quienes quisieron desalojar por la fuerza el 27 de enero de 2007. Llegaron a su rancho como 14 trabajadores de Coppel –relató- y venían encabezados por Simitrio Hernández Aguilar, que trabaja en la Dirección de Bienes y Concesiones.

Estuvieron forcejeando contra esas personas, sacando el ganado aquellos, metiéndolo estos. Bajo estas condiciones estuvieron por más de 4 horas, hasta que los hermanos Salazar amarraron el ganado y así se apostaron hasta que les llegó el tip a los trabajadores de Coppel que iba en camino un reportero de la ciudad.

Se habló con las hermanas Coronado que en esta semana enfrentaron los obstáculos en los juzgados locales. También con Jesús Manuel Montoya de la colonia Las Amapolas quienes esperan les llegue los citatorios.

Y se habló con Celso Quintero Quintero, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios del Vaso de la Presa.

Se realizó un recorrido de campo, donde se percató que lo terrenos de la unión y los demandados, prácticamente se encuentran en medio de los terrenos que ya tienen acaparados.

La complicidad

En la charla denunciaron que existe una complicidad muy clara entre el gobierno del estado y la inmobiliaria de los Copel.

La manera de presionar tan agresiva, dijeron, sólo se puede explicar comprendiendo la magnitud del proyecto denominado Colinas del Pitic.

Las Colinas del Pitic

La información que se ha tenido sobre el proyecto, señala que la familia Coppel pretende desarrollar un proyecto que se llama Colinas del Pitic, que contempla un trabajo similar al proyecto de La Primavera en Culiacán, que supuestamente, la empresa inmobiliaria de los Coppel, Misión 21, se encargó de construir.

Al igual que la capital de Sinaloa, en Hermosillo se quiere aprovechar de más de la mitad de las aproximadamente 5 mil hectáreas del vaso de la presa, para construir casas residenciales de primer nivel, casas de hacienda, con su club hípico, club de golf y lagos artificiales.

Incluso se estima que el metro cuadrado de este lugar, tendrá un costo de mil dólares. La enorme geografía se dividirá en fraccionamientos con superficies de mil metros cuadrados cada una. Estarán rodeados de áreas verdes, enormes jardines.

De hecho, la Unión de Productores Agropecuarios del Vaso de la Presa Abelardo L. Rodríguez, denunció que en una de las propiedades de los Coppel ya tienen trabajando un pozo profundo para extraer agua. Con ella riegan los cultivos y enormes jardines del Rancho El Mayordomo, propiedad de los Coppel, por donde corren, juegan y se alimentan los caballos del gobernador.

El acaparamiento

En este objetivo, se estima que los Coppel ya tienen acaparadas más de mil 500 hectáreas. Pero ya tiene bajo juicio a habitantes del Parque Industrial, de San Bartola, Mesa del Seri, El Realito, La Victoria y El Tazajal

En un principio fueron presionados alrededor de 500 hogares de la colonia Las Amapolas. Muchos de ellos no aguantaron la presión que ejercen coordinadamente, los abogados de la inmobiliaria y la dirección de bienes y concesiones, y han vendido a bajo precio, como a peso por metro cuadrado, cuando ellos lo comercializarían en mil dólares.

Los productores

Don Celso Quintero es el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios del Vaso de la Presa Abelardo L. Rodríguez. Tiene 20 años luchando por los terrenos que utilizan en esta área de aproximadamente 235 hectáreas.

Cuentan con registro de la unión y documentos que atestiguan el uso del terreno desde 1991.

No habían tenido problemas hasta que llegó el 2003, que el Gobierno del Estado demandó desalojar a unas 500 familias de este lugar.

Pasó un año del nuevo gobierno y la Agencia del Ministerio Público, ubicado en Reforma y José López Portillo, envió los citatorios a cada uno de ellos. Fue en octubre de 2004 cuando Eduardo Bours demandó penalmente, y los representantes familiares tuvieron que acudir en medio de un cerco policiaco ante esta dependencia judicial.

Don Celso afirma que fueron muchas familias las que aceptaron, porque no quisieron enfrentarse a problemas con el gobierno. Intimidaron a mucha gente –relató- pero yo no acepté y no quise firmar.

Cuando el gobernador el gobernador actuó contra ellos, don Celso habló con la directora de Atención Ciudadana de presidente Vicente Fox, la sonorense Laura Carrera. Ella habló con el gobernador para señalarle que lo terrenos de los productores agropecuarios son propiedad de la federación.

Pero esa decisión, fue obviada por el gobernador sonorense, de tal suerte que las familias que viven esta zona, enfrentan una serie de demandas que fue interpuesta por el gobierno del estado.

Su táctica fue, interponer las demandas a cada uno de los habitantes de las familias. Así, los afectados se ven envueltos en pleitos judiciales individuales, que representan enormes gastos para esta población.

A peso el metro

Don Celso Quintero relató que el representante de Misión 21, el señor Luis Rivas le ofreció a un peso por metro cuadrado. Al oponerse al ofrecimiento, entró la procuraduría, a través de la Agencia del Ministerio Público, y sus agentes se la llevan dando vueltas en la colonia por los citatorios.

El caso de Luis Rivas

Al decir de los afectados, el señor Luis Rivas trabaja para los Coppel en este proyecto. Él trabaja de manea coordinada con el director del jurídico de la Dirección de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado, el abogado Víctor Hugo Moreno Chacón, quien también ejerce presión a favor de los compradores

Don Celso informó que el señor Luis Rivas se encargó de visitar a los posesionarios cuando inició el problema. Él fue el que ofreció la compra de los terrenos, pero sus ofrecimientos siempre estuvieron entre un peso y uno cincuenta por metro cuadrado.

Debido a que la Unión de Productores Agropecuarios del Vaso de la Presa se ha negado a vender, los Copel han provocado una serie de problemas que afectan a los productores. Dejaron tirar agua para inundar el camino de acceso a los terrenos de don Celso y sus compañeros. Tienen que sacar una vuelta de varios kilómetros para poder llegar a sus predios.

Dijeron que acudieron a las oficinas de Misión 21, pidieron hablar con José Coppel Lemenmeyer para exponerle el problema del camino, pero ni siquiera los han atendido.

El caso, dijo don Celso, es que el agua con que inundan el camino es extraída del pozo profundo que tienen los Copel, que surte de agua al rancho El Mayordomo que los Coppel compraron a los Carreño Carlón.

Les inventan delitos para meterlos a la cárcel

José Luis Jara

Ya pasaban las cuatro de la tarde, cuando Ramón Salazar se comunicó con el reportero.

Su voz se escuchó con tensa calma, con una respiración agitada pero pausada. “Necesito que vengas”, alcanzó a decir.

Más que sorprendido, el reportero empezó a solicitar información de lo que estaba sucediendo en esos momentos.

Ramón Salazar y su hermano Juan se encontraban en su rancho, llamado El Almanaque, con unos agentes de la Policía Estatal Investigadora.

“Me están acusando de abigeato”, dijo por el teléfono “y me quieren llevar a mi y a mi hermano Juan”.

Tan raudo como se puede viajar en un carro medio veterano pero generoso, se realizó el traslado al vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, al propio lugar de los hechos.

Ahí se encontraron unos agentes de la PEI. Uno de ellos dijo –“no para que grabes”, le dijo el agente al reportero- que traía una demanda por abigeato en contra de los hermanos Salazar, porque en su propiedad tenían unas cabezas de ganado propiedad de otro señor, que ahí se encontraba.

Ese señor se llama Manuel Figueroa que en le advirtió al reportero: “no te metas entre las patas de los caballos, no me tomes fotos porque una pedrada en la cabeza te voy a dar”.

Se trataba de 14 cabezas de ganado, que Ramón Salazar dijo que se metieron a su rancho, por un lugar donde algún desconocido destrozó la cerca que delimita la superficie.

Dijo que ayer (anteayer) le informó a la familia Figueroa de esas vacas que entraron a su rancho. Pero ellos no quisieron ir por el ganado, porque decidieron acudir a la Policía Estatal Investigadora para denunciar a los hermanos Salazar por abigeato, un delito que no alcanza fianza.

Ramón Ángel Salazar les hizo ver a los agentes que tenía un documento que atestigua el aviso que le dio a los dueños del ganado para que fueran por él al rancho El Almanaque.

Los agentes les pidieron a los hermanos Salazar que entregaran el ganado. Entonces ellos se pusieron a buscar los animales en medio de esos 4 mil metros cuadrados que tienen en posesión.

Al tiempo, los hermanos Salazar regresaron pero no con todo el ganado. Entonces plantearon que ese trabajo lo realizaran los dueños del ganado. Pero los agentes de la PEI le advirtieron que si no entregaban a los animales, se los llevarían detenidos.

A la media hora, llegó la abogada de los hermanos Salazar, Anahí Bustamante, quien después de revisar el oficio de la PEI le dijo que no se los podía llevar detenidos porque en el escrito no se menciona nada sobre el ganado que supuestamente robó.

Acusaba de abigeato, pero no lo sustentaba.

En eso llegó al rancho El Almanaque un carro pick up, Ford Lobo. Se bajó un tipo que preguntó: “¿Ya trajeron el ganado?”

“No” le respondieron los agentes de la PEI.

“Entonces preséntamelos” ordenó a los agentes.

Los agentes de a PEI, de inmediato obedecieron y se llevaron detenidos a Ramón Ángel y Juan Salazar.

Este señor no quiso dar entrevistas y cuando se le preguntó su nombre dijo uno que no se le entendió, pero su apellido fue más claro: “Loustounou”.

Al decir de la abogada de los Salazar, este señor Loustounou es el abogado de los señores que demandaron a los Salazar. Son dos familias que le quieren hacer el caldo gordo a los posesionarios del Almanaque, como medidas de presión para que se salga de estos terrenos.

Es parte del problema que tienen otros posesionarios del vaso de la presa, que están demandados de desalojo por parte del Gobierno del Estado.

Explicó que el motivo del problema es la denuncia por abigeato. No es la primera vez que Manuel Figueroa demanda a los Salazar por este problema. Entre este señor Figueroa y los de la familia Véjar –no dijo nombres- han demandado a los Salazar hasta por seis ocasiones.

Pero más que nada, dijo, el problema son los terrenos, porque se quieren quedar con ellos la inmobiliaria Misión 21 para construir un proyecto residencial.

Los de la inmobiliaria argumentan que los posesionarios no son propietarios del terreno, pero los afectados, entre ellos los Salazar, se amparan en un decreto expropiatorio de 1991, cuando el gobierno federal tomó esos terrenos para la construcción de la línea del ferrocarril.

Por la noche, la asesora de los Salazar informó que fueron liberados después de que Ramón Ángel mostró un escrito donde comprobó que él fue avisarles a los dueños del ganado, que se habían metido al rancho El Almanaque.

El fantasma de Bours por la presa

José Luis Jara

El cerro del coyote y toda la extensa superficie que se encuentra en el vaso de la presa Abelardo Rodríguez Luján es el nuevo botín del que se quieren apoderar familias de apellido importantes, muy relacionadas con el gobernador Eduardo Bours. La historia es muy rara, pletórica de “sospechosismos” e insinuaciones que apuntan a gente de la familia Coppel, que tiene un rancho en estas inmediaciones. Los propios trabajadores que se dedican a instalar unas cercas en los terrenos que van comprando, dicen que se trata de los consuegros del gobernador. Los afectados lo interpretan como una especie de chantaje y extorsión, porque las advertencias de sus abogados hablan de un poder más grande y por fuera de la ley, el que protege a la familia Coppel. Se refieren a su consuegro, el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. El nexo de la familia Bours con Copel quedó plasmado en las páginas de sociales de algunos periódicos que ofrecieron la información del matrimonio entre la hija del gobernador y el hijo del señor Coppel. Se trata de una demanda de despojo que interpuso el gobierno del estado en contra de unas familias que viven en la colonia Las Amapolas, donde se encuentra el vaso de la presa Abelardo Rodríguez Lujan y un extenso terreno que supuestamente va más allá de la Mesa del Seri. Son varia familias a las que el Gobierno del estado quiere despojar de sus hogares, después de vivir más de 40 años. De los casos que se tienen a la mano, se encuentran los referidos a las familias Dórame Aguilar y Coronado López. Existen más demandas, pero todas van en el mismo sentido. El caso del expediente 1378/07, que se lleva en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, donde el procurador de justicia Abel Murieta presentó demanda en contra de Francisco Delfina Coronado López para que entregue la superficie que posee. Y todavía, el sentido de solidaridad social del procurador quedó opacado con una petición que hizo al juez de que condene a esta persona para que pague los gastos y costas que se originen con este juicio. Los abogados del procurador que realizan el trabajo sucio de presionar a las familias, son Othoniel Gómez Ayala, Mónica Ruiz Rosas, Rafael Ernesto Mungarro Mendívil, Wenceslao Cota Montoya, José Luis Estrada Castillo, Gonzalo Yescas Figueroa y otros más, en las que incluye hasta a las pasantes María del Carmen Gutiérrez Cohen y otras. El caso se lleva en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil, donde los afectados tuvieron que abandonar mucho de sus quehaceres para dedicarse a responder a las demandas, que les ha implicado el pago de abogados y otros gastos que no tenían contemplados. Una historia que mata Las hermana Coronado López forman parte de una familia que habita en su hogar, el “Happy” le dicen, que se encuentra en estos codiciados terrenos. La construcción se encuentra abajo del famoso cerro del Coyote, donde dicen que existe una cueva en donde durmió Pancho Villa cuando anduvo por Hermosillo. Son hermanas mayores, sus padres ya fallecieron, que tienen su punto de reunión en este hogar que es habitado por una de ellas y su familia. Ellas relataron la historia que empezó alrededor de dos años atrás, cuando unas personas empezaron a visitar esta parte de la colonia. Entre esas personas que iban se encontraban Daniel Cevallos Othón, Luis Manuel Rivas y otros que escaparon a la memoria de las hermanas en los momentos de la entrevista. Empezaron a visitar a todos los vecinos que vive alrededor del cerro del Coyote para proponerles que les vendieran los terrenos y sus casas. Llegaron a decir que eran empleados del gobierno del estado y que quienes se encontraban detrás de ellos era un grupo de personas muy cercanas al gobernador de Sonora. Algunos vecinos vendieron y entonces, unos trabajadores se encargaban de cercar esos predios adquiridos a bajo precio. El problema con la familia Coronado empezó cuando esos cercos afectaron el derecho al paso, pues cercaron la calle que lleva al hogar de esta familia. Cuando eso ocurría, la profesora Rosa Delia les salió al paso a los trabajadores. Al frente de esa cuadrilla, se encontraba un funcionario de la Dirección de Bienes y Raíces del Gobierno del Estado. Esa persona le dijo a Rosa Delia que hablara con el señor Luis Manuel Rivas, que a decir de las hermana Coronado trabaja para la familia Copel. Cuando hablaron con él, les puso una cita en un café de la ciudad. Esta persona le dijo que querían comprar todo en paquete y la profesora como que se emocionó, porque había cruzado por su mente la posibilidad de vender su parte, que en conjunto, el terreno de toda la familia es de alrededor de 4 hectáreas. Pero en cuando esta persona le dijo que pagaban un millón por esa superficie, la maestra Coronado se desilusionó y le dijo que no vendían. A partir de entonces, estas personas empezaron a presionar para que las familias aceptaran negociar sus hogares. Algunos vendieron por el miedo que les metieron de que iban a perder su hogar, porque detrás de ellos se encuentra el consuegro del gobernador. En diciembre del año pasado, llegaron a ofrecer un millón 250 mil. La familia dijo que no, el señor Rivas fue con sus patrones a comunicar la postura de las señoras y cuando regresó les dijo que ofrecían un millón 500 mil pesos por esas 4 hectáreas. Y advirtió en tono por demás amenazante que si no les vendían, los iban a demandar y les iban a expropiar sus terrenos. Y efectivamente, el 30 de noviembre del año pasado, el procurador Abel Murrieta interpuso diferentes demandas en contra de las integrantes de esta familia, y otras que se encuentran amenazadas, a desalojar sus hogares. Desde entonces a la fecha, han fallecido algunas personas que no pudieron soportar verse en el peligro de perder sus hogares. Ante esta demanda de desalojo, las familias afectadas de esta colonia y que se niegan a vender tan barato, se encuentran interponiendo respuestas a las demandas. Los casos se llevan en diferentes juzgados, pero todos ellos son demandados por el Gobierno del Estado. Lo curioso de todo esto, dice Rosa Delia con cierta ironía, es que después de que el gobierno los demanda, cuando algunos de los vecinos han aceptado a vender, en esos predios se pone el nombre de la inmobiliaria Misión 21. Mañoseadas Rosa Delia Coronado afirmó que este problema se está dando de manera muy sospechosa. A ellos, que se ven obligados a defenderse legalmente y conseguir documentos, les ponen demasiadas trabas para proporcionarle la información que requieren para una correcta respuesta legal. En la demanda que les interpusieron a los vecinos el procurador afirma que esa superficie es del gobierno del estado, cuando en realidad se trata de terrenos que se encuentran en superficies reservadas por la federación. Esta familia vive en este hogar desde la década de los sesenta. Tienen permiso de construcción, documentos que acreditan los servicios que gozan y tienen el reconocimiento de otras administraciones su estancia legal en esta superficie que se encuentran en la frontera del vaso de la presa. Beltrones antes, Bours ahora La maestra Coronado relató que hace 15 años lucharon contra Manlio Fabio Beltrones Rivera, cuando en 1993, siendo gobernador de Sonora, quiso quitar a las familias y ranchos del vaso de la presa porque iban a crear un cerco ecológico par proteger el vaso de la presa, pues en aquel tiempo era la única hoya de agua para la ciudad. Se aprobó un decreto en que se declaró reserva ecológica el vaso de la presa y cuando se construyó la presa Félix Valdez, el vaso se empezó a secar y toda la superficie se empezó a reforestar. En 2001, los pinos que crecieron en este lugar se convirtieron en uno de los principales pulmones de la ciudad. Se creó la ley de equilibrio ecológico y el gobernador del estado, Manlio Fabio Beltrones, ordenó el desalojo de las familias que vivían en este lugar. En ese tiempo se ampararon 28 personas. Muchas de ellas aceptaron vender en ese tiempo y otros, los menos, se quedaron en sus hogares. Los vecinos han vivido una etapa de tranquilidad que fue de 1995 hasta febrero de 2008, cuando llegaron unas personas que trabajan para el consuegro del gobernador, ahora Eduardo Bours Castelo. Son más de 12 demandas las que interpuso el gobierno del estado. Lo curioso es que cuando algún vecino acepta vender su predio, luego de cercarlo le ponen un letrero de la inmobiliaria Misión 21. En otras palabras, el gobierno mete la demanda para que gane el consuegro del gobernador.

Alfonso Chaparro, preso de conciencia

José Luis Jara

Desde que su esposo se encuentra privado de su libertad en el Centro de Readaptación número uno de Hermosillo, la señora Norma cambio totalmente su vida. Ahora se ha convertido en el sostén de su familia, compuesta por cuatro hijos, y los gastos que implica tener a su marido en la cárcel.
Toda esta nueva situación, la señora de Chaparro la ha venido comprendiendo y asumiendo, pues el acuerdo que permanece irrompible con su esposo, es que si “el es derecho, yo también soy derecha”.
Pero lo que no le cuadra en su lógica es tratar de comprender la razón de la aprehensión de su marido. La razón de su detención, obedece a hechos que ocurrieron en septiembre del año pasado, cuando lo denunciaron por supuestos hechos de secuestro, violencia y tapar las calles con camiones del transporte urbano.
Sin embargo, a Alfonso Chaparro lo detuvieron hasta el 7 de noviembre, cuando se encontraba realizando unas gestiones de una trabajadora del gobierno del estado, por supuestas negligencias médicas.
A raíz de este trabajo, Alfonso Chaparro recibió la primera amenaza. Supuestamente le dijeron que se calmara con el caso médico o lo iba a lamentar.
Se trata de la señora Norma de Chaparro, esposa de Alfonso Chaparro quien se encuentra detenido el pasado 7 de noviembre, por hechos que protagonizaron los trabajadores del transporte urbano de Hermosillo, por la entrada en vigor del programa SUBA.
Ella vive en la colonia 4 de marzo, un vecindario que se formó a la orilla de el enorme basurón que existía en la ciudad. Ahora la colonia, ubicada al noroeste de la ciudad, sigue en la marginación. Norma de Castro vive en una de esas casas que en su mayoría están construidas con láminas de cartón.
Llegar con ella fue para hablar del caso de su marido. Y ella se encargó de revelar algunos misterios esta historia:
De entrada dijo: “ A él lo detuvieron en el centro de gobierno. No le presentaron ninguna orden de aprehensión, le pidieron el nombre, lo subieron a un carro y se lo llevaron. No se identificaron, no le enseñaron nada”.
Hay algo que no se explica, dice Norma de Chaparro: Si se le hubiera querido detener a Alfonso, desde el mismo 17 de septiembre lo pudieron hacer. ¿Por qué se esperaron hasta noviembre?
Pero lo que le ha informado Alfonso –abundó la señora- es que a raíz de las gestiones que realizaba para una empleada de gobierno, porque un doctor hizo mal el trabajo, fue amenazado. Le dijeron que si no se calmaba le iba a pesar.
Y lo aprehendieron el siguiente día, el 7 de noviembre.
Cada sábado y domingo de cada semana, Norma Chaparro se alista desde temprano para acudir a las citas conyugales. Desde las siete de la mañana se presenta en las puertas del Cereso, pasa las degradantes revisiones, que confiesa a ella no le han tratado mal, y entra a las instalaciones del centro de readaptación.
Tiene que caminar como un kilómetro para llegar al pabellón número seis, en la celda 22, que mide unos tres metros por dos, que es la nueva habitación del ex líder de los choferes.
La entrevista fue enfrente de su casa. Y ella relató la historia con una voz serena y firme: “Hay diferentes celdas, pero él está donde está lo peor. La comida se encuentra malísima y Alfonso sufre mucho porque tiene diabetes. Le tienen que dar una dieta para diabéticos y tiene que conseguir la receta de un médico, que no siempre se encuentra a la mano”.
La señora se mantiene firme sus visitas a su marido. No falla ningún fin de semana. Y sus razones las explica de la siguiente manera: “Cuando estaba dirigiendo a los choferes contra el SUBA, le ofrecieron dinero, le ofrecieron concesiones y él no se quiso vender. Entonces, si él es derecho, yo soy derecha con él”.

Ni la sentencia tiene

La preocupación principal que ahora tiene la señora de Chaparro es que el proceso de su esposo “está en silencio total”. No le dicen nada, no lo sentencian, la juez no mueve nada y el tiempo está pasando, a pesar de que cuatro de seis personas que lo acusaron, decidieron desistir sus acciones contra Alfonso Chaparro.
Norma fue hablar directamente con esos concesionarios, con el fin de solicitarles que desistieran de sus acusaciones, porque los directamente afectados son los integrantes de la familia de Alfonso Chaparro. Ellos decidieron desistir –afirmó la señora- porque no se imaginaron las consecuencias que tendría.
A Alfonso Chaparro –contó la señora- le ofrecieron dinero y concesiones. Pero él se decidió respetar a sus compañeros. Se dio cuenta de algunas acciones que son un delito, se dio cuenta de que el gobierno metió camiones “chocolates” para imponer el SUBA. A esas unidades le sobrepusieron placas y los metieron a las rutas. Alfonso se dio cuenta de eso y por decidió luchar contra el SUBA.
Norma de Chaparro recordó que su esposo le dijo varias veces, sobre la posibilidad de que lo metieran a la cárcel.
Así ocurrió. En septiembre del año pasado, unas personas vestidas de civil, lo detuvieron en el edificio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
Ahora, la señora Norma se quedó al frente de sus cuatro hijos. Puso un pequeño negocio de tortillas de harina y entró a trabajar en una tienda de servicios.
Con eso mantiene los gastos el hogar, paga los gastos escolares de sus cuatro hijos y ayuda económicamente a su esposo y sufraga los trámites que se tienen que hacer en el proceso penal que se sigue contra Alfonso.

Durmiendo con el enemigo

José Luis Jara

El lunes 23 de febrero pasado, Juan Ramón llegó como si trajera el diablo por dentro.
Con sus 30 años a cuestas, se aprovechó que conocía muy bien la casa donde vivía. Abrió la ventana y se introdujo al domicilio para protagonizar un papelito que ya lo venía repitiendo de tiempo atrás: agarró a su ex esposa, de 29 años, a golpes y también le propinó otros a sus tres hijas de escasos 12, 10 y 5 años.
Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Los Arroyos, ubicado al norte de Hermosillo, cuando ya se había metido el sol.
Luego de someter a su familia a golpes, Juan Ramón huyó en una bicicleta.
En cuanto pudo, la señora Carmela llamó a la policía y a esos de las 20:30 horas llegaron los agentes.
Ella se encontraba en unión libre con Juan Ramón desde hace 12 años. En este tiempo procrearon a tres hijas. Pero la historia de esta familia no pudo entrar a los anales del amor eterno y la fidelidad hasta que la muerte los separe. Desde hace tiempo, se encontraban en situación difícil y la violencia del marido, fue el pan de casi todos los días de la señora y las hijas.
Hasta que Carmela decidió denunciar a su pareja por violencia y separarse de él. Sin embargo, con las agresiones que sufrió el pasado 23 de febrero, indica que la señora Carmela y sus hijas, se encuentran en una situación de alto riesgo, es decir, se encuentra en los ámbitos en que ocurre el más grave de los delitos de género, el feminicidio.
Historias como estas se repiten cotidianamente. Se presentan de las más variadas formas, de los más variados niveles de crueldad, que fácilmente, estos hechos, superan la ficción.
En la semana pasada quedó detenida una niña de 13 años. Su nombre es Daniela y el cargo que enfrenta es porque amenazó con un cuchillo a su hermanita de 12 años, por el pleito de una blusita. Su mamá le llamó la atención y la criatura se lanzó contra su mamá y le alcanzó a rasguñar el brazo izquierdo. Luego le pegó con una escoba en la pantorrilla izquierda, tomó un cuchillo de cocina y la empezó a amenazar.
Después de una fuerte discusión, la señora logró escabullirse hasta que llegó a un teléfono público para llamar a la policía.
Historias de terror

Patricia Alonso es una activista social que ha estado encabezando a la organización no gubernamental Nosotras Ciudadanas, en la demanda de una política pública clara y de apoyo para abatir este fenómeno de la violencia intrafamiliar.
El señalamiento de Nosotras Ciudadanas es alarmante en el caso de los feminicidios, la forma más cruel de la violencia intrafamiliar y de género.
Patricia Alonso afirma que en Sonora existen 216 casos de feminicidios ocurridos desde el año 2000 a la fecha.
El año pasado cerró con 209 casos de mujeres asesinadas en Sonora y en lo que va de este año, la cifra ya va en siete, de acuerdo a información que esta organización no gubernamental ha recabado a través de las publicaciones de la prensa de la entidad.
El año pasado ocurrieron casos como el de la joven señora Karina de 21 años. Sucedió en Caborca el 12 de febrero de 2007, cuando el esposo de la señora, Luis Fernando le dio un balazo en la cabeza a Karina y luego asesinó a su hijo de tan sólo 4 meses de edad.
En este año de 2008, los casos siguen fluyendo como agua que lleva el río. El pasado 27 de febrero, la joven Berenice de 24 años, murió por los cuatro balazos que le dio su novio en la cabeza. Los hechos ocurrieron en San Pedro, en el municipio de Hermosillo y es el último que tiene registrado Nosotras Ciudadanas.
De acuerdo a la información recabada por esta organización, en los últimos 13 años han ocurrido 23.5 casos en promedio al año. Sonora se encuentra en el onceavo lugar en casos de feminicidios en el país, es decir, tiene más casos que Chihuahua, incluyendo las trágicas muertas de Juárez.

Durmiendo con el enemigo
El caso de la violencia de género en Sonora tiene unos rasgos bastante preocupantes, porque la violencia sigue penetrando en la sociedad y se encuentra al interior de los hogares.
Lo trágico de estas historias, es que la mayoría de las mujeres asesinadas en Sonora, se ha dado al interior de sus hogares.
Han sido los ex esposos o parejas sentimentales los principales victimarios, con lo que la violencia de género que se da en esta entidad es de las más peligrosas, porque en la mayoría de los casos, las mujeres habían vivido con el agresor.
El año pasado, de las 31 mujeres asesinadas, el 32.2 por ciento de los casos fueron victimados por el marido; el 6.45% por su ex pareja y el 3% por el novio.
En el caso de la violencia sexual contra menores de edad, los delitos fueron ejecutados por algún conocido del menor.
En tanto, los padrastros, tíos, hermanos, papás biológicos son los principales victimarios en los delitos sexuales.
En otras palabras, dormir con el enemigo es una situación muy dramática para las mujeres que sufren de violencia de género.
Esta opinión se refuerza con el trabajo que realizaron tres investigadoras del Colegio de Sonora, en el que sostienen que de los asesinatos que ocurrieron del 2000 al 2005, el 50% de los casos, el asesino fue la pareja y el lugar de ocurrencia el hogar de la víctima.
En la investigación que realizaron Rosario Román Pérez, María de los Ángeles Félix Noriega y Elba M. Abril Valdez, titulado “Conocer para resolver: la violencia conyugal en los hogares sonorenses”, se afirma que los niveles de violencia conyugal de Sonora, se encuentran por arriba de la media nacional, y es la más alta de todos los estados fronterizos del norte de México.
En el ámbito nacional, el 46% de las mujeres ha sido víctima de algún problema de violencia, puede ser verbal, emocional y física. Mientras que en Sonora, el indicador llega al 49.8 por ciento. De los estados de la frontera, el primer lugar lo tiene Sonora, le sigue Baja California con el 47.3%, Chihuahua con el 46.3, Coahuila el 42.6 y Nuevo León con el 28.6 por ciento.
Con esta información, se puede decir que la inseguridad de las mujeres no sólo corre por las calles de la ciudad. También se encuentra en el hogar, a veces, durmiendo con el enemigo.

Unos minutos para las ocho

José Luis Jara

La historia es real, ocurrió en días pasados en la colonia El Apache, cuando faltaban unos 20 minutos para las ocho de la noche.
En uno de los callejones de este barrio, el señor Santos*, de 43 años, en medio de la oscuridad sostenía del cuello a su ex esposa, Guadalupe, una mujer de 35 años que luchaba por soltarse.
En esos momentos pasó una patrulla. Los agentes se percataron de algo raro en la oscuridad y decidieron acercarse, hasta que encontraron a la pareja en pleno enfrentamiento.
Eran esposos hasta que se dejaron hace siete meses, pero los conflictos para Guadalupe se mantienen, como ese día en que su ex marido le apretaba el cuello.

Durmiendo con el enemigo

La activista social Patricia Alonso Ramírez, dirigente de Nosotras Ciudadanas, sostiene que en Sonora existen alrededor de 216 feminicidios, que ellas han contabilizado a través de recortes de la prensa sonorense.
Pero el ambiente que ella advierte, es que el fenómeno ha llegado a tal grado que Hermosillo se parece a ciudades de España, que se caracterizan porque la violencia contra las mujeres no se manifiesta en lugares públicos, sino en el hogar de la víctima, porque el autor material del crimen es el marido o ex pareja de la víctima. Igual que la historia de Guadalupe, con la diferencia que a ésta la lograron salvar los policías.

El desdén de las autoridades

En su labor de activista, Patricia Alonso se va directo en entrevista. Afirma que el problema requiere atención de carácter de estado, que se destinen recursos públicos para poner en práctica las leyes que se han aprobado en Sonora, que prometen beneficiar a las mujeres, pero se quedan en letra muerta porque no tienen recursos para trabajar.
Señaló un caso muy concreto la activista social: la elección del Consejo de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar.
De acuerdo a la ley, el Congreso del Estado debió convocar a la elección de ese consejo en el 2003. Esa convocatoria no se llevó a cabo, de tal forma que actualmente se encuentran son los consejeros electos en el año 2000.
Otro elemento que argumentan Patricia Alonso, es que en la Ley de Presupuesto de egresos e ingresos del gobierno del estado, ni el gobernador ni los diputados metieron sus manos para apoyar esta disposición, de tal suerte que no le aprobaron recursos para poner en práctica esta ley.
Existen elementos, donde las mismas autoridades manifiestan un desdén. Paty Alonso se refiere a los comentarios que han expresado las autoridades, cuando hablan sobre el caso de la violencia de género o violencia intrafamiliar.
A su decir, Abel Murrieta ha declarado que entre las víctimas se encuentran más hombres que mujeres. Pero en este sentido, Alonso afirma que esa declaración es para desdeñar el fenómeno de violencia intrafamiliar, porque en los hechos, se da en la mayoría de los hogares y las causas del delito no son precisamente casos relacionados con el narcotráfico, ni de robo, asalto. El problema es social y requiere atención social, no meramente policíaca, expresó.
Los hechos que retoma Patricia Alonso son para desanimar a los movimientos de las mujeres. Recordó el caso del veto de Bours a la Ley 151 que había aprobado el Congreso del Estado. En ella se estableció por primera vez la equidad entre hombres y mujeres y alternancia para integrar las listas y fórmulas de candidaturas a cargos de elección proporcional.
Ahora se combina la inexistencia de recursos para aplicar la ley de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y se deja al garete esa violencia que se hace presente cada vez más en los hogares sonorenses.
De acuerdo a la ley se debe proteger a las mujeres de la violencia intrafamiliar, actuar con más energía en los casos en que el victimario reincide en sus actos de violencia, porque de acuerdo a las estadísticas, los crímenes contra las mujeres se dan en mayor número por ex parejas de la víctima.
Por ello, el desdén de las autoridades es considerada por Paty Alonso como un fomento a la cultura de que la violencia contra las mujeres es un asunto familiar, no de estado.